El artículo 922 de la LFT obliga al patrón a contestar por escrito el emplazamiento a huelga dentro de 48 horas. Qué debe documentar la empresa, cómo se activa el filtro del artículo 923 y qué riesgos corre si deja pasar el término de prehuelga.
El finiquito firmado en la empresa —aunque sea ante notario y con testigos— solo acredita un pago: sin ratificación ante el Centro de Conciliación no impide la demanda. El artículo 33 de la LFT exige convenio por escrito, relación circunstanciada de los hechos y ratificación ante la autoridad conciliadora; los artículos 987 y 684-E le dan efectos de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada. En Baja California el sistema opera desde el 3 de noviembre de 2021. Multa del artículo 1002: de 50 a 5,000 UMA ($5,865.50 a $586,550.00 con la UMA de $117.31). Tabla comparativa, riesgos y checklist para RH.
La revisión del contrato colectivo tiene dos calendarios: la salarial anual del artículo 399 Bis y la integral bienal del artículo 399, esta última sujeta a consulta con voto personal, libre y secreto (art. 400 Bis). Dentro de ese procedimiento el patrón tiene obligaciones propias: fijar y difundir el texto fiel de la convocatoria (art. 132, fr. XXXII y XXXIII) y abstenerse de intervenir en la votación (art. 390 Ter). Su omisión cae en el artículo 1002 de la LFT, con multa de 50 a 5,000 UMA ($5,865.50 a $586,550.00), por cada trabajador afectado y duplicable por reincidencia. Qué cambia con el acuerdo de simplificación del CFCRL publicado en el DOF el 19 de agosto de 2026.
La conciliación prejudicial del Título Trece Bis de la LFT es requisito de procedibilidad: sin constancia no hay demanda. El Centro fija audiencia dentro de quince días y notifica al patrón con cinco de anticipación; no comparecer cuesta 50 a 100 UMA ($5,865.50 a $11,731.00) y, según los Lineamientos del CFCRL, se le tiene por inconforme con todo arreglo. Qué acredita la personalidad del representante, por qué el finiquito firmado en la oficina no es cosa juzgada y qué debe documentar RH antes del primer citatorio.
El artículo 425 de la LFT condiciona los efectos del Reglamento Interior de Trabajo a la fecha de su depósito ante el CFCRL. Sin ese acuse, las suspensiones y sanciones disciplinarias pierden fundamento.