El artículo 51 de la LFT permite al trabajador separarse y cobrar como si hubiera sido despedido injustificadamente. Con la reducción de jornada que arranca en enero de 2027, la causal de reducción salarial se vuelve el riesgo de nómina más caro: en Baja California, la jurisprudencia obliga al patrón a probar que no hubo reducción.
La jurisprudencia PR.P.T.CS. J/65 L (11a.), publicada el 15 de agosto de 2025, sostiene que los recibos de nómina contenidos en CFDI no requieren entrega ni firma del trabajador para acreditar el monto y el pago del salario. A cambio, exige algo que casi ninguna empresa tiene listo: las ligas de verificación ante el SAT para que el fedatario del tribunal las compulse en juicio.
La conciliación prejudicial del Título Trece Bis de la LFT es requisito de procedibilidad: sin constancia no hay demanda. El Centro fija audiencia dentro de quince días y notifica al patrón con cinco de anticipación; no comparecer cuesta 50 a 100 UMA ($5,865.50 a $11,731.00) y, según los Lineamientos del CFCRL, se le tiene por inconforme con todo arreglo. Qué acredita la personalidad del representante, por qué el finiquito firmado en la oficina no es cosa juzgada y qué debe documentar RH antes del primer citatorio.
El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo obliga al patrón a entregar el aviso de rescisión al trabajador en el momento del despido o a comunicarlo al Tribunal dentro de los cinco días hábiles siguientes. Su omisión presume, por sí sola, la separación injustificada. La Segunda Sala de la SCJN confirmó en 2025 la constitucionalidad de esa presunción al resolver el ADR 4228/2024. Qué debe contener el aviso, el plazo de un mes del artículo 517 y el costo real de perder el juicio.
Desde la reforma publicada en el DOF el 21 de febrero de 2025, la obligación patronal de retener los descuentos por crédito de vivienda ya no se suspende por incapacidades ni ausencias. Tras dos prórrogas, quedó exigible desde el sexto bimestre de 2025, con entero al 17 de enero de 2026. La tesis P./J. 6/2025 (12a.) de la SCJN solo autoriza la suspensión provisional en amparo, con garantía: no eliminó la obligación. No efectuar los descuentos se sanciona con multa de 301 a 350 veces la UMA ($35,310.31 a $41,058.50).
Lo que toda empresa, área de Recursos Humanos y asesor laboral debe revisar tras el criterio publicado en junio de 2026. El criterio en una línea Si en un juicio laboral la persona trabajadora afirma que recibía una parte de su salario fuera de nómina —en efectivo, por transferencia de un tercero o por cualquier